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Fundación SARquavitae y Fundación AEQUITAS del Consejo General del Notariado celebraron una jornada conjunta en la que se analizaron los mecanismos para garantizar los derechos jurídicos de las personas mayores, especialmente vulnerables desde el punto de vista jurídico. La jornada “La protección jurídica de las personas mayores” fue inaugurada por Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, y muestra la preocupación actual sobre la supervivencia económica de las personas mayores en época de crisis. “Desde nuestra preocupación por la protección de los mayores, en los últimos tiempos observamos cómo las ayudas a las personas dependientes se destinan a sustentar la economía familiar; prescindiendo de recursos como las residencias de ancianos”, explicó.

Durante la jornada se trató con especial interés los sistemas existentes en nuestra legislación para la promoción de la autonomía que favorecen notablemente el envejecimiento activo. En palabras de Eduardo Traid, Director Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, “El IASS, desde su preocupación por las personas mayores, aboga por programas de prevención para fomentar la autonomía de aquellas personas con menor grado de dependencia, incentivando el envejecimiento activo”.

En el sistema jurídico actual existen herramientas para la protección jurídica de los mayores, en especial de aquellas que se encuentran en situación de dependencia o falta de autonomía. Las personas mayores son un colectivo vulnerable ante diversas situaciones que se pueden presentar en el día a día que deben ser contempladas en la regulación de este sector de la población, sin olvidar que gozan de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Carlos Ganzenmüller, Fiscal del Tribunal Supremo explicó que “en los temas de protección es clave el principio de igualdad. No avanzaremos si no consideramos que las personas vulnerables tienen los mismos derechos que cualquier otra persona”.

Numerosos expertos del ámbito asistencial y jurídico asistireron a este encuentro celebrado en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza en el que se pudieron analizar y establecer todas las pautas que deben regir la protección jurídica de las personas mayores.